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El pleno del Senado ha aprobado, con el rechazo del PSOE y la abstención del Grupo Vasco, una moción presentada por el Grupo Popular en la que insta al gobierno a modernizar la cartera básica común del Sistema Nacional de Salud en función de la evidencia científica e incorporando los procedimientos que mejoren la calidad de vida de los pacientes.
La invitación de los populares a sus compañeros en el gobierno llega tras varios meses de trabajo en la materia. No en vano, a día de hoy Sanidad trabaja en colaboración con sociedades científicas en la revisión de las prestaciones básicas en cinco áreas (ver GM, nº 434) cuyos resultados estarán listos a final de año. Eso sí, su debate ha tratado de zanjar en la Cámara Alta la polémica sobre la posible exclusión de las mamografías de las prestaciones. De hecho, el portavoz popular, el senador Jesús Aguirre, ha instado también “a la agilización y la actualización científico-técnica de la mamografía de forma protocolizada, como prueba de gran valor para el cribado de cáncer de mama, de tanta importancia para mejorar la salud y el bienestar de las mujeres” y ha acusado a los socialistas de realizar “declaraciones malintencionadas, insidiosas, reiterativas y catastróficas” que alarman a la sociedad.
Sin embargo, las dudas de la senadora socialista, Encarnación Llinares, no pasan por que la prueba desaparezca del SNS. Su desconfianza es que tanto las campañas de cribado como las unidades específicas de detección precoz de esta enfermedad dejen de estar en la parte esencial del catálogo de prestaciones que revisa el Ministerio de Sanidad.
En cualquier caso, el PP no ha querido blindar la cartera básica de posibles ajustes, votando en contra de la enmienda presentada por Entesa Catalana de Progrés, que defendía la actualización de las mismas en función de los criterios clínicos y de la evaluación, “manteniendo” y “sin retirar” ninguna de las que ofrece actualmente el sistema público.
Cartera suplementaria
Mientras tanto, el Ministerio de Sanidad avanza buscando el consenso con las comunidades autónomas en la adopción de criterios comunes para el transporte no urgente, la única área de la cartera suplementaria sin perfilar, en la que se encuentra la prestación farmacéutica, ortoprotésica y dietoterápica, y que estará completa antes de final de año.
Recientemente, el Consejo de Ministros daba luz verde al proyecto de Real Decreto que fija las bases para establecer los importes máximos de financiación en ortoprótesis. El documento da el primer paso hacia la unificación de la prestación en todas las comunidades, a través de la creación de un catálogo común que recogerá el contenido de la prestación ortoprotésica suplementaria ambulatoria que, como mínimo, han de ofrecer todas las regiones, Ingesa y mutualidades de funcionarios. Además, aplica importes máximos de financiación a la prestación ortoprotésica, lo que puede suponer un ahorro de 53 millones de euros, según el Ministerio de Sanidad.
El proyecto regula la oferta de productos, determinando los que podrán ser financiados por la sanidad pública, que deben reunir una serie de criterios establecidos, entre ellos no superar el importe máximo de financiación.
Exenciones al copago
Asimismo, recoge que habrá tres tipos de aportación y estarán exentos los productos que no sean de dispensación ambulatoria, como los implantes quirúrgicos. También quedarán exentos los casos que contempla el RDL 16/2012 en el copago farmacéutico y tendrán aportación reducida de un 10 por ciento del precio de oferta los productos para las patologías más graves y costosas.
De igual modo, el Boletín Oficial del Estado ya ha publicado la orden ministerial por la que se establece un factor común de facturación en la prestación de productos dietoterápicos. Se determina que, en adelante, sus precios serán iguales en todas las farmacias del territorio nacional.
Los populares piden que se agilice la actualización de la mamografía de forma protocolizada
El PSOE duda de que las campañas de cribado dejen de estar entre las prestaciones básicas