Sergio Alonso es redactor jefe de ‘La Razón’
La homologación de títulos extranjeros amenaza con convertirse en un coladero de consecuencias funestas para la calidad asistencial en España. Lejos de sentar filtros rigurosos y de fijar todo tipo de barreras para evitar posibles fraudes en el ejercicio de la Medicina en nuestro país, el real decreto que prepara el Ministerio de Sanidad para el reconocimiento de especialistas formados en Estados de fuera de la Unión Europea (UE) abre las puertas al campo, y concede rango de legalidad a las contrataciones masivas de facultativos foráneos que han realizado la mayor parte de las comunidades autónomas en los últimos meses, con el objetivo de tapar con ellas los huecos existentes en hospitales y centros de salud. Por una vez, y sin que sirva de precedente, la Organización Médica Colegial (OMC) atina en sus alegaciones, al reivindicar al departamento de Trinidad Jiménez que la futura norma exija una “equivalencia total o una idéntica correspondencia cuantitativa y cualitativa entre los títulos extranjeros y españoles, o entre las dos formaciones”, algo que, por el momento, no hace.
El asunto a debate no es baladí. De dos años a esta parte, se han producido casos curiosos en los que merece la pena reparar. España, por ejemplo, se ha convertido en trampolín de especialistas ficticios que luego ejercen libremente en territorio de la UE. En la profesión médica, son conocidos episodios rocambolescos protagonizados por facultativos procedentes de Iberoamérica que han acudido a territorios como Cataluña o Madrid con el único fin de legalizar en ellos su estatus de especialistas, dadas las facilidades que existen para hacerlo. Ya con el título en mano, han cogido de nuevo las maletas y se han ido a ejercer a países vecinos, provocando el recelo de sus autoridades sanitarias sobre nuestra labor acreditativa. A la llegada de facultativos con una cualificación no siempre bien certificada, se suma además el grave problema de los médicos especialistas formados en España sin título oficial, conocidos como ‘mestos’. El agravio comparativo con respecto a estos profesionales españoles, que se cuantifican en torno a 2.000 y que han demostrado de forma sobrada su pericia durante años de ejercicio al servicio del Sistema Nacional de Salud (SNS), es más que evidente.
Por ello, resulta imprescindible que el Ministerio de Sanidad les tenga en cuenta y aproveche el decreto en ciernes para sacarles del limbo irregular en el que se hallan, otorgando validez académica a su formación mediante los controles oportunos. No es de recibo que habiendo demostrado su cualificación con los enfermos, este colectivo se quede fuera del proceso “regularizador” mientras llegan a España profesionales foráneos de dudosa preparación con la única meta de sacar de un apuro a consejerías, servicios de salud y gerentes de centros sanitarios.
El decreto, en fin, debería incluir un procedimiento reglado de acreditación profesional en el que participaran colegios profesionales y sociedades científicas. De lo contrario, será un mero parche en el desierto de los recursos humanos en España. Un parche que evidencia, además, la improvisación con la que actúan las autoridades como consecuencia de su nula labor planificadora, y que se está traduciendo en una merma constante de la calidad asistencial: no son pocas las consultas y los servicios en los que ejercen ya supuestos especialistas que desconocen absolutamente el castellano, generando auténticos problemas de interpretación con los pacientes y con sus propios compañeros de profesión.