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El Parlamento andaluz votará esta semana, en el último pleno del año, el Decreto-ley de Medidas Urgentes de Farmacia que permitirá abrir en enero la primera subasta de medicamentos en nuestro país. Una medida polémica sobre la cual los médicos andaluces prefieren no pronunciarse hasta conocer cuáles son sus consecuencias reales.
No obstante, el presidente del Consejo Andaluz de Médicos, Javier de Teresa, se resiste a calificarlo como una “subasta pública”. De hecho, no entra a valorar una medida que no ha negociado con la consejería, pero que “se ha hablado mucho entre los colegios de farmacéuticos y la administración”, y entiende que siempre que se den ciertas condiciones, “que estén seguros de la eficacia del fármaco y de que se puede superponer con todas las garantías” no hay objeciones, aunque hace hincapié en que hay que tener cuidado con el desabastecimiento. “En cuanto veamos que puede tener alguna repercusión en la salud, hablaremos”, afirma.
En cualquier caso, de Teresa cree que después de las reducciones de precio de medicamentos y el ahorro en la factura farmacéutica, “habrá que valorar muy bien hasta dónde llegar con las medidas de ajuste, para no comprometer la viabilidad de proyectos de I+D+i financiados, en gran parte, por la industria farmacéutica”. Y lo que es más, recuerda que desde el consejo se sigue reclamando un gran pacto a nivel nacional por la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud.
La propia consejera de Salud de Andalucía, María Jesús Montero, agradeció a los profesionales sanitarios su apoyo en estos años, en la rueda de prensa celebrada tras la aprobación del texto por el Consejo de Gobierno regional, el paso previo a su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Finalmente, será tramitado como un decreto ley, en lugar del real decreto inicial, un cambio de última hora motivado por el RD 9/2011 que establece la obligatoriedad de prescribir por principio activo (PPA). En su intervención, Montero admitió que el avance de su política en el uso racional del medicamento “es fruto del compromiso de los profesionales” y reconoció que no sería posible aplicarlo si no fuera porque en Andalucía “los médicos de primaria han hecho en diez años un esfuerzo para renunciar a prescribir por marca”.
Asimismo, hizo hincapié en que la medida no afecta la capacidad de prescripción. “El médico seguirá desarrollando su misma política de PPA como viene haciendo desde hace diez años y como la ley así lo establece, cuando quiera hacerlo por marca, lo seguirá haciendo y al ciudadano se le dará la marca”, indicó.
Al mismo tiempo la consejera matizó que en la estrategia ya se trata de que cuando la receta se haga con PPA sea el sistema público el que elija el que se dispensa y el que se beneficie de la rentabilidad económica que puede traer esta medida.
Los más consumidos
La primera subasta andaluza, que empezará a tramitarse en enero y tendrá una duración de dos años, se ha limitado a tres de los 400 subgrupos terapéuticos existentes, aquellos que según los datos que maneja la Junta son los más consumidos: los protectores gástricos (que suponen una facturación anual de 97,5 millones de euros), las estatinas (91 millones) y los inhibidores de la agregación plaquetaria (47 millones).
Con esta iniciativa, Salud espera alcanzar un ahorro de entre 40 y 200 millones de euros. Preguntada por el PP en un debate parlamentario, la consejera aclaró que el ahorro sobre estos primeros productos será de 40 millones. Los 200 millones llegarán, previsiblemente, si las subastas se amplían a todo el abanico posible de medicamentos en el SAS.
La consejera insiste en que esta medida no afecta a la capacidad de prescripción médica
Montero ensalza el apoyo de los facultativos en la consolidación del uso racional del medicamento