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Recientemente la Comisión Europea imponía a España un procedimiento de infracción por no aceptar, supuestamente, la tarjeta sanitaria europea en los hospitales de las zonas turísticas y obligar a los pacientes comunitarios a pagar por tratamientos que habitualmente son gratuitos.
Más de 500.000 personas pasan cada año por los hospitales del Sistema Nacional de Salud con tarjeta sanitaria europea. En declaraciones a GACETA MÉDICA fuentes del Ministerio de Sanidad aseguran que todos los hospitales y centros del Sistema Nacional de Salud atienden sistemáticamente a los pacientes que presentan dicho documento en vigor y puntualizan que de los 18 casos que se han expedientado en la Comisión Europea, sólo 4 están documentados y de esos, 3 corresponden al Hospital Costa del Sol.
Así, en el caso de los visitantes con doble aseguramiento (Tarjeta Sanitaria Europea y seguro de viaje, por ejemplo), es el propio paciente el que tiene la libertad y el derecho a decidir a qué seguro se carga su asistencia.
Esta advertencia lanzada por parte de la Comisión Europea a nuestro país no deja de sorprender, ya que España es tradicionalmente un país receptor de turistas y residentes extranjeros. De hecho, en 2009 el sistema facturó 441,1 millones de euros a 26 países de la Unión Europea más Islandia, Liechetenstein, Noruega y Suiza por la asistencia médica prestada a ciudadanos de estos países, mientras que el gasto que supuso la asistencia de españoles en el extranjero sumó 46,2 millones de euros.
Es más España sale perdiendo, según los últimos datos al respecto emitidos por un informe del Tribunal de Cuentas de fiscalización de la prestación de servicios sanitarios a ciudadanos no residentes. La asistencia sanitaria a turistas extranjeros generó un gasto de unos 1.362 millones de euros. De estos, sólo 445 fueron facturados por el SNS. Es decir, un 67 por ciento no se cobró. Las facturas pendientes se concentran sobre todo en los servicios de urgencias y las recetas farmacéuticas. Según el organismo dependiente del Ministerio de Hacienda, estos errores en el sistema de facturación, cobro y contabilidad de los importes se centran en que no se comprueba si el solicitante tiene ya cobertura sanitaria en su país de origen y tampoco hay un seguimiento individualizado de cada uno de los cobros.
Estas cifras son a las que hacía alusión el Gobierno cuando implantó el pasado año las medidas contra el turismo sanitario. El objetivo, ahorrar 1.000 millones de euros. La ministra Ana Mato afirmaba entonces que muchos europeos se desplazan a España únicamente en busca de atención sanitaria “hasta tal punto que hay personas europeas que tienen más derechos sanitarios que muchos españoles” y hacía alusión a las personas que se empadronaban en nuestro país y que obtienen la tarjeta sanitaria, la convierten en tarjeta europea, se vuelven a su país de origen y la factura de su país se paga en España. A tales efectos se acordó incorporar al derecho español un artículo que prohíbe de forma explícita desplazarse en busca de atención sanitaria. Además de esto, se modificó la Ley de Extranjería para clarificar qué es lo que da derecho al aseguramiento. La consecuencia de esto último fue la retirada de la tarjeta sanitaria a los inmigrantes sin papeles, algo que sigue un año después en debate y que las comunidades autónomas aplican de manera desigual.
Las CC.AA. más afectadas
A pesar de que aún no hay cálculos que corroboren el efecto de estas medidas, lo cierto es que el turismo sanitario sigue desestabilizando las cuentas autonómicas de las comunidades más turísticas como son Canarias, la Región de Murcia, Andalucía o Comunidad Valenciana.
Respecto a esta última, el importe de la asistencia sanitaria a extranjeros desplazados (desde países de la Unión o desde países con convenio de Seguridad social) asciende a 46 millones pero lo supera con creces el gasto que supone la atención médica a desplazados provenientes de otras comunidades (164 millones de euros anuales).
En cuanto a la facturación de las asistencias a desplazados, la comunidad recibió de la última liquidación del Fondo de Cohesión para 2012 (referente a datos de 2011) 17 millones de euros, sin embargo, lo facturado por prestación asistencial a desplazados de otros países portadores de TSE y a los países de la UE por los residentes que han recibido asistencia fuera del territorio español fue de 33 millones euros, lo que implica una pérdida de ingresos de casi 16 millones.
Mientras, desde Andalucía en 2012 se facturó un total de 27,2 millones de euros. Este importe corresponde a 78.080 asistencias a extranjeros —la mayoría procedentes de Reino Unido, Alemania, Francia, Italia y Bélgica— sin embargo, la cantidad recibida delFondo de Cohesión fue de 13,2 millones de euros (un 23,69 por ciento del total distribuido entre todas las comunidades). Al respecto, la Consejería de Salud ha pedido reiteradamente que el reparto se haga ajustado a la realidad de la cada autonomía, recibiendo según número de facturas emitidas. Por otro lado, la comunidad ha recibido por la atención a las personas extranjeras con residencia casi 124 millones de euros. La titular de Sanidad, María Jesús Montero, desmiente el concepto de que haya una corriente de turismo sanitario.
Sanidad insiste en que se atiende sin coste a todos los pacientes con Tarjeta Sanitaria Europea
En Comunidad Valenciana los costes de los turistas nacionales superan los de los europeos
La acreditación del derecho a la asistencia sanitaria a asegurados desplazados a España en estancia temporal se realiza mediante la presentación de la Tarjeta Sanitaria Europea (TSE) o algunos de los formularios previstos. Las comunidades autónomas graban las facturas de los gastos generados por la asistencia sanitaria a extranjeros mediante el sistema FISS-Web. Posteriormente, la Seguridad Social emite a los países deudores la factura reglamentaria. Este sistema se regula a través del Fondo de Cohesión Sanitaria, que se basa en una compensación entre el número de personas desplazadas (extranjeros o nacionales) y atendidas en centros sanitarios españoles y el número de españoles atendidos fuera. La distribución de las cantidades económicas del Fondo de Cohesión depende de lo que el Estado recaude cada año en este ámbito.
Por otro lado, los ciudadanos comunitarios que quieran residir en España más de tres meses deben inscribirse en el Registro de extranjeros comunitarios, con su identificación y los documentos que acrediten la titularidad de seguros privados o bien importar sus derechos sanitarios, lo que significa que el Estado de afiliación pagará a España una cuota fija por cada afiliado que traslade su residencia a España —unos 260 euros mensuales—.