Por Celso Arango, (presidente de la Sociedad Española de Psiquiatría).
Ha sido el año 2019 un año de parálisis en el desarrollo de medidas necesarias para la psiquiatría. Seguimos sin Estrategia de Salud Mental, seguimos sin Plan Nacional de Prevención del Suicidio y seguimos sin especialidad de Psiquiatría del Niño y del Adolescente.
Es llamativo que no produzca sonrojo que se utilicen estas carencias, ya demasiado prolongadas, en programas políticos que prometen de nuevo desarrollar aquello que no han hecho hasta ahora. Nuestra especialidad adolece de problemas comunes con otras especialidades y de otros que le son propios. La muy desigual atención a la salud mental por CC. AA. en un buen ejemplo de los primeros. Por el contrario, algo que lamentablemente caracteriza a nuestra especialidad es su uso politizado. En una disciplina médica y científica como la nuestra, con idiosincrasias como la importancia de lo psicosocial, el ambiente o la epigenética, debemos conseguir una mayor homogeneidad en la cartera de servicios, que deben basarse en datos y hechos y no en posicionamientos acientíficos.
Grandes retos
Tenemos por delante grandes y complicados retos. Debemos trabajar con personas afectadas y sus familiares en cómo mejorar los derechos del paciente, la humanización y dignificación del trato recibido. Tenemos que adaptar la atención en salud mental a los cánones de la eficiencia en la asistencia a patologías crónicas si no queremos que nuestro sistema de salud público colapse. Es fundamental adoptar programas de hospitalización ambulatoria, potenciar recursos intermedios e invertir en prevención primaria y secundaria que contenga la incidencia y gravedad de los trastornos mentales. Es fundamental una unión de todas las sociedades científicas del país, monográficas, autonómicas, etc. para luchar de forma conjunta por el interés común.
Que el porcentaje del gasto sanitario dedicado a salud mental sea muy inferior a la media europea, y más aún en comparación con los países más desarrollados, dice mucho de la percepción y desinterés que tienen nuestros políticos en materia de salud mental y su priorización. No hablamos del dinero invertido en salud mental, que puede ser mayor o menor dependiendo de la situación económica del país, sino del porcentaje del gasto total sanitario que va a psiquiatría y salud mental, lo que indica la prioridad que le dan a este tema cada uno de los países. Copiemos a aquellos que les va mejor.
Sin especialidad
La falta de especialidad en Psiquiatría de la Infancia y Adolescencia es algo sangrante y que dice muy poco de nuestros dirigentes. Creada en el año 2014 y desaparecida porque se anula el RD en el que, entre otros aspectos, aparecía su creación, se han seguido a pies juntillas todos los pasos de la tediosa administración durante más de dos años para que el daño colateral de su desaparición se paliase cuanto antes.
“El problema no es la vergüenza internacional de no tener esta especialidad, el problema es la mínima formación de los psiquiatras para atender a niños y adolescentes una vez acaban la residencia”
Sin embargo, el último Gobierno ha paralizado el proceso casi en su punto final porque estudia cómo crear nuevas especialidades mediante un nuevo RD. ¡Como si no se hubiesen creado especialidades desde las primeras en nuestro país y no se pudiera aplicar el procedimiento vigente, o simplemente cumplir la LOPS!
El problema no es la vergüenza internacional de no tener esta especialidad, el problema es la mínima formación de los psiquiatras para atender a niños y adolescentes una vez acaban la residencia. Y, como siempre, el problema lo acaban pagando los ciudadanos, en este caso los niños y adolescentes con trastornos mentales (un 20% en España) y sus familias.
Ejemplos a escala regional
Hemos visto cómo se han desarrollado a nivel autonómico estrategias y programas (Cataluña, Navarra, País Vasco y Madrid son buenos ejemplos) que han mejorado la contratación de profesionales o puesto en marcha programas como el de psicosis incipiente de Cataluña y Navarra o el de atención preferente al suicido en Madrid. Hemos visto como CC. AA. como Andalucía han decidido, por fin, unificar las redes paralelas de salud mental y adicciones en una sola, lo que mejorará la eficiencia y la continuidad de cuidados, mejorando la asistencia y abaratando costes.
Sería recomendable que la contratación de un número de profesionales de la salud mental que nos acerque a ratios europeos se extienda a todo el Estado español. Como señalaba previamente, es fundamental una visión de prevención, todavía muy carente y deficitaria en los programas que se desarrollen en un futuro inmediato.
Por último, la investigación en nuestro país ha tenido en 2019 unos resultados históricos en productividad y presencia internacional, a pesar de que la financiación en investigación se ha reducido en los últimos años un 30 por ciento, lo que ha afectado de manera muy negativa a estructuras como el CIBERSAM. Es clave que la investigación en España no dependa solo del esfuerzo no remunerado de profesionales voluntariosos y vocacionales.