En la ‘I Jornada Nacional de Farmacia Penitenciaria. Hacia la plena legalización y el reconocimiento profesional’, la SEFH ha insistido en una reclamación clásica, la legalización de todos los servicios de farmacia y depósitos de medicamentos de los centros penitenciarios.
Montserrat Pérez, secretaria de la SEFH ha destacado la necesidad de una red asistencial farmacéutica, “coherente, homogénea, ágil y acorde a la legalidad vigente. En lo relacionado con la atención farmacéutica el sistema debe ser equitativo para los pacientes durante su estancia en las instituciones penitenciarias con respecto al resto de los ciudadanos”.
Xosé Manuel Rey, asesor jurídico de la SEFH ha afirmado durante su intervención que, “parece poco comprensible que en pleno 2018 un órgano de la Administración General del Estado mantenga fuera de la legalidad centros en los que se adquieren, dispensan y administran medicamentos a pacientes con total ausencia de control farmacéutico. A día de hoy, el Ministerio del Interior, así como algunos almacenes de distribución y laboratorios siguen infringiendo la Ley de Garantías y el Real Decreto de Distribución de medicamentos en el ámbito penitenciario.”
En este sentido, Gloria Hervás, Farmacéutica del Centro Penitenciario de Albolote en Granada, ha explicado la labor que realiza en su servicio de Farmacia además de resaltar la falta de cumplimiento de la legalidad en la mayoría de los centros penitenciarios. “Los profesionales sanitarios que desempeñamos nuestro trabajo en las prisiones españolas, nos hemos unido para pedir a la administración que acabe con las irregularidades que se vienen cometiendo en la adquisición y dispensación de medicamentos. En concreto, exigimos la contratación de Farmacéuticos Especialistas en Farmacia Hospitalaria, que son los únicos profesionales capacitados legalmente para ello”, ha destacado Hervás.
Carmen Hoyos, coordinadora de Sanidad Penitenciaria de la Vocalía de Administraciones Públicas de la Organización Médica Colegial ha resaltado, “el incumplimiento de la ley de cohesión y calidad del SNS en relación a la integración de la Sanidad Penitenciaria en el Sistema Público de Salud, que ya ha cumplido 15 años, está provocando un deterioro asistencial a la población privada de libertad sin precedentes.”
