Gran Hermano seguirá vigilando el gasto

El gasto farmacéutico siempre ha estado bajo la lupa de la Administración. Y siempre lo estará porque, por mucho que se luche para comunicar el valor social del medicamento, seguirá siendo el concepto de “gasto” y no el de “inversión” el que prevalezca para los gestores y pagadores.

Desde esta perspectiva, una de las cosas que más llaman la atención del Programa de Estabilidad 2019-2022 es la oferta de “un ahorro sustancial” en gasto farmacéutico de receta (que sin embargo no aparece detallado). Se trata de una afirmación que parece no tener en consideración ni la evolución de esta rúbrica de gasto en los últimos años (consecuencia de decretazos, reformas legislativas y acuerdos de sosteniblidad), ni estudios como el llevado a cabo por un grupo de economistas españoles que no hace mucho desmontaron el mito de la insostenibilidad del gasto farmacéutico.

Entrando en el terreno de las medidas concretas, el primer mensaje sería para las subastas. Sería nefasto que su generalización en el SNS, de producirse, no fuera nada más que una mera respuesta política a lo que ha ocurrido en Andalucía. Si las subastas salen de la lucha partidista, entonces cabe la posibilidad de que sea posible dejar de hablar de una vez por todas de la marca ‘subastas andaluzas’ para empezar a hablar de otro modelo de subasta, uno que al menos no sea pernicioso para el sector y el paciente.

Los “sistemas de control periódico para mitigar desviaciones relevantes en el consumo sobre el gasto público de medicamentos en farmacias” y las revisiones de oficio de los precios de medicamentos de dispensación en oficinas de farmacia para el tratamiento de patologías crónicas de alto impacto en el SNS refuerzan la idea de que Gran Hermano seguirá vigilando el gasto bajo el prisma de la eficiencia y el coste-efectividad, mientras que —paradójicamente o precisamente por ello— mantiene el gasto sanitario en el 6 por ciento del PIB hasta 2021.