Me preocupa que en estos días circulen rumores y documentos sobre asuntos cruciales en sanidad. Y me preocupa porque son cuestiones que preocupan al sector, a una buena parte de la población, a los pacientes y a las sociedades científicas. En el pasado se han realizado declaraciones sobre algunos de estos temas, que incluyen asuntos como la financiación de medicamentos, la financiación de la formación médica continuada (FMC) o de las organziaciones de pacientes, o cambiar el modelo de seguro sanitario privado, entre otros.
De declaraciones a un “borrador”
De las declaraciones realizadas en meses pasados en algún caso, se ha pasado a valorar estas controvertidas medidas. Son temas de un calado fundamental en el que sorprende la extraordinaria ausencia del debate y diálogo necesario con los sectores afectados. Son temas lo suficientemente relevantes como para que sean debatidos en un profundo debate.
Todos deben explicar y aclarar las implicaciones de cada medida, sus consecuencias y cómo se evitarían problemas dramáticos, si se me permite decirlo, que afectarían a los médicos, a los pacientes, a los consumidores y a las compañías. De momento, ha habido ya preocupación por parte de IDIS (sanidad privada) y también de las Sociedades Científicas representadas en FACME (con la FMC) y diversas organizaciones de pacientes, entre ellas la Alianza General de Pacientes o el Foro Español de Pacientes, por la financiación de las entidades de pacientes.
Seguro médico privado
España es un país donde el modelo de sanidad permite que una parte significativa de la población (más de 9 millones de personas) puedan escoger entre el seguro privado (que pagan) y el público al que tienen derecho (y también pagan con sus impuestos). Pensar en acabar con una parte de este modelo, o con todo, eliminando las desgravaciones fiscales, o directamente acabando con las mutualidades, es una opción de mucho calado. Y es que estas cosas se hacen consultando a la ciudadanía afectada y al sector. Si no, podemos caer en el error de que tenemos una mayoría “de rodillo” que no es la situación, sin duda. Además, sería un rodillo que recuerda los peores momentos del pasado.
Por su lado, la financiación de las organizaciones de pacientes se puede hacer más transparente, pero se las debe facilitar que la iniciativa privada las financie, o que lo asuma un Estado con dificultad económica. Ésto último poco probable.
La Formación Médica Continuada: vuelve de nuevo
Otro asunto que inquieta es el modelo de formación de los sanitarios. Sin duda, se han realizado reformas por parte de las compañías que financiaban la formación. La transparencia que aplica ahora el sector farmacéutico muestra los pagos o pagos transferencias de valor efectuadas que se dedican a la FMC. Muchas compañías aplican estrictos controles, más rigurosos que los códigos del sector. Las Sociedades Científicas también son muy estrictas, pero no pueden formar sin financiación a sus socios. Cualquier modificación que cambie el modelo de la formación de los profesionales sanitarios debe consensuarse primero con los afectados: tienen que poder opinar y el debate abrirse.
Financiación selectiva de medicamentos
Y también nos hemos sorprendido con algo que había sido comentado en un curso de la UIMP el pasado septiembre. Pero ahora esas ideas están en un borrador e inquietan. Cálculos que nadie conoce establecen un exceso de precio pagado por la administración debido a la innovación en España. Se trata de una cifra que se establece en 8.000 millones de euros al año. Un cálculo grosso modo que hace pensar injustamente que están casi “robando” a las arcas públicas.
El precio “justo” que establece el documento “debe ser los costes de producción y un margen razonable”. Tan utópico como absurdo. Otro tema relevante que no debería realizarse sin el diálogo y debate oportuno. El debate sobre el precio de la innovación se da por hecho en estas circunstancias, y las conclusiones de una de las partes prevalecen. Malos tiempos para el consenso o los pactos.
