Desde el pasado mes de julio en que se hizo público el dictamen de la Comisión para la Reconstrucción, el sector en pleno, en especial el ámbito de las sociedades científicas, contiene la respiración cada vez que en el Parlamento se habla de formación continuada.
El polémico punto del que según explicó días atrás el portavoz de Sanidad de Ciudadanos, Guillermo Díaz, ahora nadie reivindica su autoría, el que aspiraba a prohibir la aportación privada a las actividades de formación de los sanitarios, preocupa, y mucho, a sociedades y fundaciones.
Desde el Grupo Parlamentario Socialista, su portavoz, Ana Prieto, recuerda esta semana en una entrevista en la que valora el Proyecto de los Presupuestos Generales del Estado para 2021 que la partida para garantizar esta actividad se incrementaría en 1,6 millones de euros.
Adelanta también a este periódico, que su grupo presentó una proposición no de ley con el objetivo de garantizarlo. En el texto, al que ha tenido acceso GM, los socialistas apuestan por impulsar y fomentar la formación continuada de los profesionales en el sistema Nacional de salud por parte de las administraciones sanitarias: Pero también matiza que se establecerán los supuestos y requisitos para la colaboración indirecta de entidades privadas en esta clase de actividades con especial atención al régimen de transparencia. De este modo, y también por la vía parlamentaria, el PSOE cambia el paso con respecto a la afirmación contundente del dictamen.
En la práctica, las PNL presentadas por PP y PSOE sobre formación continuada no están tan lejos
Todo, a pesar de que hace unas semanas el grupo socialista votara en contra en la Comisión de Sanidad del Congreso de otra iniciativa popular que abogaba en una dirección similar, por regular, y no prohibir este tipo de colaboraciones que hoy por hoy son fundamentales.
Mientras se aclara cuál será el futuro de la formación continuada a medio plazo, desde SEMG su vicepresidenta, Pilar Rodríguez Ledo, recuerda en otra entrevista que “hasta el momento, es importante resaltar que las administraciones ni han fomentado ni apenas han financiado la formación médica continuada”. “Esta obligación no atendida -continúa- ha tenido que ser asumida por las sociedades científicomédicas con financiación de diversos promotores externos, entre los que se encuentra la industria del sector”, admite.
A la también responsable de Educación Médica de SEMG le llamó la atención la idea de prohibición de la financiación privada en el dictamen “especialmente en los tiempos que estamos viviendo”. Un planteamiento insólito para muchos que debería ir en otra dirección: “sumarla a la que la propia administración sanitaria debiera aportar, pero que no aporta”.
Sentido común, diálogo y una buena dosis de realismo siguen siendo necesarios para perfilar el futuro de una actividad, la formación continuada, que es el pilar de la práctica clínica.
