Ya hay fecha para las elecciones generales. Serán el 28 de abril, según ha confirmado el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Según el calendario, las cortes se tienen que disolver el próximo 5 de marzo pero realmente hace tiempo que en el Congreso de los Diputados se convirtió en un escenario para mítines electorales.
De hecho, la última cita, en el debate de los Presupuestos Generales de Estado, se pudo comprobar cómo ya nadie piensa en otra cosa que no sea el 28 de abril. Quizá fuese lo único que tuvieron en común todos los grupos parlamentarios, conscientes de que las cuentas del Gobierno arribaron muertas y sin nadie dispuesto a hacer tarea de reanimación alguna. No hubo, pues, debate económico pero sí lo más parecido a un Debate del Estado de la Nación que tantos años lleva sin producirse. Lo malo para la política, en general, y para la política sanitaria, en particular, es que el aire que se respira tiene tantas dosis de crispación que poco a nada constructivo puede salir hoy por hoy del Congreso de los Diputados.
Copago
El proyecto de presupuestos traía una modificación legal para topar el copago que no será una realidad
Tras la amarga y cruda batalla dialéctica que se vivió en el Congreso de los Diputados, la salida son las elecciones. PP y Ciudadanos dieron por muerta la legislatura desde el día después de la moción de censura mientras que el Gobierno ha gastado demasiadas energías en torear las embestidas nacionalistas de Cataluña sin haber obtenido rédito alguno. Porque a la hora de la verdad, han sido dos enmiendas a la totalidad de marca catalana las que han descarrilado a los Presupuestos Generales del Estado.
¿Qué consecuencias directas tiene el fin de la legislatura y la nueva prórroga presupuestaria de los últimas cuentas de Mariano Rajoy? En materia sanitaria no demasiada. Al no aprobarse las cifras de Pedro Sánchez tampoco se dará curso a la modificación legislativa que iba a permitir el fin de los copagos a los pensionistas. Sin embargo, que no exista esa obligatoriedad legal no impide que las comunidades autónomas que así lo consideren lo hagan. De hecho, muchas ya lo habían puesto en marcha. Otra de las cosas que no sufrirá cambios es el fondo de cohesión. Los presupuestos no cuantificaban un aumento para esta partida y si la salida era el turismo sanitario (con el PSOE) o las aportaciones de la industria farmacéutica (con el PP) es lo de menos a efectos prácticos y tangibles.
Universalidad
Este aspecto de la asistencia sanitaria no se verá impactado porque no llevaba ninguna línea presupuestaria
Los afectados por la talidomida sí que verán reducido sus posibles indemnizaciones en 30 millones. Quedarán 20 que ya fueron aprobados con anterioridad pero, de nuevo, el aspecto económico no es el más determinante aquí: falta un Real Decreto que se ha perdido en el Consejo de Estado y, sobre todo, agilizar las evaluaciones para que se concrete de una vez cuál es el número real de afectados.
Por otro lado, la medida estrella del Gobierno actual, la recuperación de la universalidad, seguirá siendo un hecho gracias al Real Decreto-ley que aprobó el Ministerio de Sanidad de la mano de Carmen Montón. A pesar de que alguna comunidad autónoma sí que pidió financiación adicional, el proyecto de presupuestos no recogía nada, por lo que no se percibirá ningún cambio.
El fin de legislatura sí que puede traer más consecuencias. La más importante es la ralentización —cuando no paralización— de iniciativas como el registro de profesionales o el reconocimiento de centros de referencia para desarrollar la terapia CAR-T. Sin embargo, lo más frustrante de unas nuevas elecciones es la comprobación de que el parlamento español aún no se ha adaptado a la diversidad de sensibilidades políticas que sí ha calado en la ciudadanía.