El Boletín Oficial del Congreso ha publicado este martes el texto de la Proposición no de Ley presentado hace unos días por el Partido Popular que reclama la derogación urgente del RDL 29/2020 y la puesta en marcha de medidas útiles para la planificación de los profesionales sanitarios frente a la Covid-19. La PNL se debatirá en el Pleno de la cámara baja en las próximas semanas.
En la iniciativa, firmada por Concepción Gamarra, portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, se plantea que el Congreso de los Diputados “inste al Gobierno a derogar con la mayor urgencia posible” este real decreto de medidas urgentes, que ha sido ampliamente criticado por el sector sanitario y cuya retirada es la principal reivindicación de la huelga indefinida convocada por CESM el último martes de cada mes.
Frente al polémico texto, la propuesta popular aboga por “diseñar y aplicar —desde el diálogo, la coordinación y el consenso con las comunidades autónomas y los representantes de los profesionales sanitarios— las medidas útiles y diligentes que resulten oportunas para solucionar las necesidades del Sistema Nacional de Salud en términos de recursos humanos y ordenación profesional generadas y/o evidenciadas por la pandemia de COVID-19”, según cita.
En la exposición de motivos el grupo popular remarca que los profesionales sanitarios son, sino el mayor, uno de las principales razones por las que el Sistema Nacional de Salud (SNS) es reconocido como un referente internacional.
No obstante, según la visión de los populares, “los valores y los niveles de profesionalidad y de compromiso —así como la vocación, la entrega, el sobreesfuerzo realizado[…]— no han tenido desde el Gobierno la protección ni la compensación requeridas y deseadas”.
“Medidas contrarias al modelo de capacitación”
Asimismo, el PP hace hincapié en que “el Ejecutivo de Pedro Sánchez no solo ha ignorado solicitudes planteadas reiteradamente por los representantes de los profesionales como el reconocimiento del contagio como enfermedad profesional, sino que ha impulsado medidas contrarias a las bases del modelo de capacitación y formación como la que representa” este real decreto.
Destacan también que los profesionales consideran que se ha impulsado a sus espaldas, al mismo tiempo que recuperan algunas valoraciones que se han escuchado en las últimas semanas sobre la medida: “refleja improvisación y parcheo y no respeta competencias de los profesionales“, «es un atentado a la seguridad de los pacientes”, “legitima el intrusismo”, “es el mayor atentado contra el SNS”, “va a empeorar el gravísimo problema de déficit de enfermeras que sufre España”, son algunas de ellas.
Rechazo a la interlocución
Además, ponen el acento en el rechazo a la interlocución con entidades como la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, que ha mostrado reiteradamente su voluntad de diálogo para evitar su entrada en vigor y buscar soluciones.
Por último, la exposición de motivos alude al rechazo por parte de asociaciones de pacientes y representantes de la sociedad civil, que subrayan que el RD supone “un claro deterioro SNS”, además de “un riesgo evidente de pérdida de la calidad asistencial” y de “seguridad del paciente”, y “un ataque al sistema de formación especializada”.