El portavoz de Sanidad por Ciudadanos, Guillermo Díaz, ha puesto sobre la mesa la situación que viven los pacientes crónicos anticoagulados y con EPOC en España en contexto de pandemia. El escenario ha sido la Comisión de Sanidad del Congreso, donde el diputado ha pedido a Salvador Illa que se mantenga la situación de excepción que viven los visados “en tanto que no se tenga una vacuna que podamos dar por finalizada”.
En este sentido, Díaz ha defendido estos pacientes son especialmente vulnerables al virus de la COVID-19, “unos por cuestiones respiratorias y otros por trombos que ya se sabe que ocasionan”. La respuesta del titular de Sanidad ha sido escueta pero positiva, anunciando un “toma nota” y comprometiéndose a estudiar la propuesta, la cual ha sido calificada por el responsable como “sensata”.
Precisamente, hace unos días GM celebró un encuentro sobre el futuro de los ACOD en la era post-Covid. En él, sociedades científicas de cardiología (SEC) y Atención Primaria (Semergen) instaron al Gobierno central a seguir el ejemplo de la Comunidad de Madrid de levantar los visados. En él participó el parlamentario de la formación naranja, encargado de trasladar esta cuestión en el Congreso.
COVID-19 como enfermedad profesional
En otro orden de cosas, Illa se ha mostrado receptivo a considerar la eliminación de la temporalidad en el contagio por SARS-CoV-2 como enfermedad profesional. El hecho de que la enfermedad en sanitarios fuera valorada como accidente laboral perdió su vigencia con el fin del estado de alarma, algo que han puesto de relieve desde el Grupo Republicano. “Vamos a estudiarlo”, ha contestado el ministro.
“Al caer el RDL el contagio por coronavirus del personal sanitario ya no se considera accidente de trabajo a todos los efectos por parte de los servicios de prevención de las empresas”, ha explicado Francesc Xavier Eritja. Algo que ha dejado al colectivo desprotegido en un escenario de rebrote como el actual y por lo que los sindicatos reivindican una nueva regulación para dar la cobertura correspondiente.
Comité de expertos en la desescalada
Una de las polémicas centrales de la Comisión ha apuntado en dirección al comité de expertos encargado de evaluar el paso de fase de las CC.AA durante la desescalada. Después de que un escrito del Defensor del Pueblo revelara su no existencia, la mayoría de grupo parlamentarios han asediado al ministro de Sanidad sobre la circunstancia. A este respecto PP y Cs han apuntado que este comité habría ejercido como coartada para encubrir decisiones políticas como científicas.
En su turno de respuesta, Salvador Illa ha clarificado la cadena organizativa encargada de tomar las decisiones, respondiendo finalmente al último paso ejecutivo del Ministerio. Al mismo, ha reconocido que nunca hubo un comité específico designado para esta tarea.
“El Gobierno ha contado un grupo multidisciplinar de expertos que asesoró el plan de desescalada, integrado por epidemiólogos, sociólogos,… etc. Luego, para evaluar el paso de fase la responsabilidad última era del Ministerio de Sanidad”, ha subrayado. Esta, ha explicado, era tomada en base a los criterios técnicosde la Dirección General de Salud Pública, los cuales venían avalados por los informes del CCAES, liderados por Fernando Simón.
Situación en España y rebrotes
Según ha reseñado el ministro en su comparecencia inicial, España registra actualmente unos 900 casos diarios, con grandes diferencias entre CC.AA, pues el 60 por ciento de los casos se concentran en Aragón y Cataluña. Así, se han comunicado un total 527 brotes, de los cuales 412 continúan activos. Además, el ámbito social continúa siendo el más frecuente.
Seguidamente, el 24 por ciento de los brotes corresponden al ámbito laboral, sobre todo sector hortofrutícula. Asimismo, un 19 por ciento han sido designados “de componente mixto”, al circular entre diversos ámbitos.
En adición, Illa ha comunicado que el 70 por ciento de los brotes registrados están asociados a menos de 10 casos. En este sentido, ha querido subrayar que la situación no es la misma que en marzo y abril, atendiendo a varios indicadores. Entre ellos, ha destacado que el 60 por ciento de los contagiados son asintomáticos. Además, la media de edad ha bajado de los 63 años hasta los 45, y los casos sintomáticos son más leves.
Por otro lado, la cifra de fallecidos se mantiene relativamente estable y baja, con 9 decesos registrados en la última semana a causa de la COVID-19. Asimismo, ha apuntado a que pocos casos requieren hospitalización e ingreso en UCI, por lo que la presión sobre el sistema sanitario continúa siendo baja. “Es necesario hacer un análisis cualitativo de los datos, no solo fijándose en uno solo”, ha enfatizado.
Ley de Salud Pública del 86 y marco jurídico
La diputada popular, Concepción Gamarra, ha reseñado la tarea de su partido para aportar en materia legislativa con reformas. A este respecto, ha precisado ante Illa la propuesta que desde el grupo se ha hecho para modificar ciertos aspectos en la LO 3/1986 y 2/1998, ambas materializadas en un texto firmado por Cayetana Álvarez de Toledo y remitido al Congreso.
El ministro de Sanidad, por su parte, ha evidenciado que en su opinión “el marco legal actual es correcto”. En este área ha señalado que “si hay que tomar una decisión de esta índole tiene que recibir la ratificación judicial“. No obstante, y pese a su disconformidad inicial, se ha comprometido a estudiar la propuesta popular.