La revisión del sistema de formación continuada que contemplaba el dictamen para la Comisión de la Reconstrucción del Congreso de los Diputados, con vista a la prohibición de la financiación por parte de la industria de este tipo de actividades, sigue en el punto de mira.
La Comisión de Sanidad del Congreso ha rechazado este martes el texto de una PNL presentada por el Partido Popular que abría la puerta a regular, en lugar de prohibir, este marco de colaboración.
El texto ha sido rechazado con 20 votos en contra, frente a 14 votos a favor (PP, Ciudadanos y VOX y una abstención (PNV).
La iniciativa popular aspiraba a instar al Gobierno a “incrementar sustancialmente la dotación presupuestaria destinada a la formación continuada pública de los profesionales sanitarios, en colaboración con las comunidades autónomas”.
El punto clave, no obstante, era el segundo. Proponía, textualmente, “modificar la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, para establecer un marco regulatorio que, en sintonía con la normativa comunitaria, garantice y de certidumbre y seguridad jurídica a las actividades de formación continuada basadas en acuerdos de colaboración y de sostenibilidad económica entre las entidades representativas de los profesionales sanitarios y las empresas, entes e instituciones del sector sanitario, dotados de plena transparencia y respetuosos con la independencia de dichos profesionales”.
Por último, instaba al Gobierno a establecer similares garantías para las actividades de investigación y difusión científica.
Todas las cartas sobre la mesa
Más allá del resultado final de la votación, que ha estado pendiente hasta el último momento de la posibilidad de introducir o acordar enmiendas entre las distintas formaciones, el debate de la PNL ha permitido poner sobre la mesa las posiciones del arco parlamentario sobre este tema en el que solo coinciden todos en un único punto: su carácter controvertido.
En la defensa de la iniciativa, la portavoz popular, Elvira Velasco, recordó que ya en su día su grupo político remarcó que aunque apoyaba el dictamen de la comisión en el ámbito de la sanidad, había cuestiones con las que no estaban de acuerdo. “Pasó con las asociaciones de pacientes y también con esto”, recuerda. Con esta iniciativa, los populares confiaban en reparar el mal causado por este punto del dictamen, aunque finalmente no ha prosperado.
A modo de contexto, la portavoz ha repasado que el punto 56.2. del dictamen habla de tomar medidas para la financiación pública de la formación continuada de los profesionales sanitarios a cargo de las administraciones públicas y también para la investigación, divulgación, educación sanitaria y patrocinio de actividades de pacientes. Al mismo tiempo, especifica que “se prohibirá la financiación de estas actividades directa o indirectamente por la industria”.
Mensajes que, tal y como subraya Velasco, “han generado un gran malestar dentro de las sociedades científicas y de los profesionales”.
La portavoz popular insiste en que la formación continuada constituye un valor clave. “Cobra un papel importante la actividad de las sociedades científicas, con un peso mayor en gran parte de las veces de la aportación de la industria que lo que aportan las administraciones sanitarias”, ha defendido.
Entre otros argumentos, ha destacado que “en España las sociedades científico médicas son las verdaderas garantes del conocimiento y de la difusión de su avance y las entidades más comprometidas”, por lo que “prescindir de ellas sería un auténtico desastre para el Sistema Nacional de Salud”.
Asimismo, ha repasado que las sociedades científicas obtienen sus ingresos de sus socios, de las subvenciones públicas,” las menos, como hemos visto reflejado en estos presupuestos”, y del apoyo del sector privado.
En este sentido, Velasco ha insistido en que las sociedades científicas “apoyan exigir transparencias y regular las colaboraciones directas o indirectas con las entidades privadas, entienden que es necesario que exija financiación pública, pero ni entienden ni comparten que se prohíba porque lo que se consigue es que se ponga en serias dificultades a la investigación y la formación continuada de los profesionales sanitarios”.
De igual modo, ha remarcado que los PGE en pleno debate no contemplan una partida económica para este fin, lo que hace que sea “necesario contar con el sector privado farmacéutico y tecnológico”. Según su visión, este sector ayuda a la sostenibilidad económica de la formación continuada “con el ejercicio de una función de responsabilidad social corporativa y de solidaridad”.
Además, Velasco ha hecho hincapié en que el modelo de autorregulación se plasma en los códigos de buenas prácticas y que se recoge la publicación sistemática de cuantas aportaciones de valor se realizan. “Hay transparencia y control social de la financiación de formación continuada”, ha sentenciado.
Las críticas de Unidas Podemos
El análisis de Velasco se opone frontalmente a la visión de Rosa María Medel, de Unidas Podemos, muy crítica con el sistema actual. Medel ha defendido que “la formación continuada es un derecho y una obligación para los profesionales”. Y que la “forma actual de financiarla es una aberración”.
En su análisis particular, el modelo consiste en “entregar a la industria sobreprecios excesivos para que use parte de sus beneficios en pagar formación, asesorías, sociedades científicas, etc., como parte de su márketing”.
Frente ello, ha destacado que “es fundamental crear un mecanismo que sustituya el mecanismo de la industria, pagado con nuestro dinero, por un patrocinio desde la Administración pública, que garantice la independencia de los profesionales, sociedades científicas y asociaciones de pacientes evitando sesgos en su comportamiento profesional y previniendo su utilización como agentes comerciales, como todos los profesionales sanitarios sabemos que ocurre”.
“El efecto negativo de estos patrocinios –en palabras de Medel- es la prescripción inadecuada, que no solo tiene consecuencias económicas, sino también sanitarias, por los efectos adversos de la sobremedicación”.
La portavoz de Unidas Podemos ha asegurado que las sociedades científicas tienen miedo de la falta de formación, “pero estarían encantadas de que una financiación estatal les relajara de tener que condicionar su práctica clínica a los intereses de los laboratorios”.
En cualquier caso, la portavoz ha admitido que aunque entienden que no es posible sustituir de golpe un sistema por otro, sí creen “que se puede exigir que las actividades de formación continuada no puedan ser promovidas por entidades que puedan obtener beneficio económico de la actividad correspondiente”.
Una plataforma nacional, la propuesta del PSOE
Por su parte, la portavoz socialista, María Luisa Carcedo, manifestó estar “perpleja” ante la propuesta popular. “No parece sensato que ante un dictamen aprobado por esta cámara y respaldado por este grupo vengamos ahora a enmendar la plana de ese texto a la primera de cambio”, ha asegurado.
Los socialistas contaban con presentar una enmienda para rediseñar la formación continuada sobre la regulación que ya existe, basada en la Ley de Cohesión y Calidad, la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias y del real decreto 1142/2007 que regula una comisión sobre formación continuada en el SNS.
La intención socialista “es darle más contenido (a la citada comisión), evaluar la labor que se está haciendo desde las comunidades autónomas y darle más peso. Todas tienen sus estrategias de formación continua y queremos darle un impulso, evaluarlo y crear una plataforma de ámbito estatal, digital, para que se puedan compartir los avances en formación continuada”.
Carcedo ha recalcado que carece de sentido que “en una empresa como el SNS se delegue la formación, y menos en un cliente, al que se le paga en torno al 20 por ciento del gasto público. Es realmente un disparate”.
En su opinión, “la vía tiene que ir por utilizar lo que hay y por darle mayor dimensión”. De hecho, ha detallado que “los PGE destinan una primera partida de 460.000 euros para financiar esta plataforma que daría una nueva dimensión a la formación continua en el Sistema Nacional de Salud”.
El “moonwalker” en la Comisión de Sanidad
En sus intervenciones, tanto Guillermo Díaz, portavoz de Ciudadanos, como Antonio Salvá, portavoz de VoX, avanzaron que votarían a favor de la propuesta popular.
Díaz coincide con todos en este tema “toca uno de los puntos más polémicos de los acuerdos de la mesa de reconstrucción. Es una de las quejas constantes de los profesionales sanitarios, la falta de formación, y es un debate que suscita agrias polémicas, porque las partes implicadas ven riesgos diferentes”.
El portavoz de Ciudadanos ha cuestionado, no obstante, la falta de transparencia sobre el origen de la propuesta de incluir este punto polémico en la Comisión para la Reconstrucción. Tras la publicación del dictamen, ha recordado, “mantuvimos reuniones con colectivos, empresas y colegios de profesionales y cuando preguntaba por la autoría de este punto en el acuerdo me contaban que el movimiento más habitual era el ‘moonwalker‘ de Michael Jackson”. Habían decidido dar un paso atrás.
“Ni siquiera Podemos asumía las tesis que se sostienen en esa afirmación que parece que ve un Palacio de Invierno en cada industria farmacéutica que tomar al asalto para sostener su concepción de las políticas públicas”. Una visión en la que “todo lo que venga de mano de la industria farmacéutica viene poco menos del séptimo círculo del infierno de Dante”, cuestiona.
Asimismo, Díaz ha remarcado que no comparte “esta falacia del falso dilema, que hay que elegir entre lo público y lo privado, como si fueran cuestiones enfrentadas”. Insiste también en una relación basada en la transparencia, que también debe imperar en las comisiones de sanidad: “Cuando alguien afirme algo que lo plantee luego cuando piden explicaciones, que no estaría de más”, concluye.
El portavoz de Ciudadanos era partidario de alcanzar un punto en el que todo quedara “negro sobre blanco”. Sobre esa base, insistía que es posible que “todos salgan ganando”: “Habrá más formación y será transparente. En Ciudadanos siempre hemos defendido la colaboración público privada y creo que es un punto con el que más fricciones tendremos con Podemos”, auguró.
Las cuentas no salen para VOX
Al portavoz de VOX, Antonio Salvá, tampoco le salen las cuentas. “Que las administraciones públicas financien la formación de los médicos con el número de médicos que hay en España y teniendo en cuenta que un especialista necesita de tres a cinco congresos al año para mantenerse en órbita es un dineral. No sé de dónde saldría el dinero”, ha sentenciado.
Los 460.000 euros de formación a los que aludía Carcedo “no sirven para nada” para todos los médicos en nuestro país. “Si queremos cuidar al médico y no maltratar, hay que darle todas las facilidades del mundo para que se forme, porque es también beneficio para el paciente”, concluyó.