Garantizar los derechos y seguridad de los pacientes es uno de los cometidos fundamentales y la razón de ser de la inspección de servicios sanitarios. De este modo, cuando las evaluaciones, apoyadas en criterios de buenas prácticas detectan, posibles deficiencias e identifican áreas de mejora en el sistema, contribuyen a que los gestores tomen decisiones acertadas. Esta es la labor de los inspectores sanitarios y así lo explica Luis Garrido, presidente de la Federación de Asociaciones de Inspección de Servicios Sanitarios (Faiss).
La evaluación sanitaria es pionera y se enmarca cada vez más en la revisión de políticas públicas. Además de ser una necesidad para garantizar servicios eficientes y equitativos, “es un instrumento que colabora a la necesaria transparencia en la gestión de los recursos en unos momentos en los que la ciudadanía la demanda cada vez más”, explica Garrido, al tiempo que matiza que el carácter privado o público de la prestación de servicios no debe comprometer la calidad de los mismos. “Si nos referimos a la asistencia sanitaria a la que todos tenemos derecho, es precisamente la inspección de servicios sanitarios la que garantiza que se preste en igualdad de condiciones sea cual sea el carácter de la provisión de recursos”, indica Garrido.
Por otra parte, la preocupación por la seguridad del paciente es un aspecto prioritario en la política de calidad de los sistemas sanitarios. En el proceso farmacoterapéutico, desde la prescripción hasta la administración de los medicamentos pueden producirse fallos que ocasionan efectos no deseados y, en este aspecto, los sistemas de prescripción electrónica asistida aparecen como una herramienta atractiva para garantizar la seguridad.
Historia clínica
El experto explica que los inspectores sanitarios, conscientes de los problemas que pueden surgir en cualquier innovación, siempre han trabajado, junto a las autoridades sanitarias, en la elaboración de protocolos ágiles que garanticen el acceso a las prestaciones basado en criterios clínicos y en la evidencia, pero que nunca deberían limitar la toma de decisiones por parte de los profesionales que es en suma lo que se está cuestionando. Como asegura Garrido, la puesta en marcha de la receta electrónica ha supuesto una mejora importante en la calidad asistencial. “Con su aplicación, se agilizan enormemente todos los pasos del proceso de prescripción-dispensación y se evitan posibles errores”, explica. A su vez, para estos profesionales el visado electrónico aporta la posibilidad añadida de consulta inmediata en tiempo real de la historia clínica del paciente, lo que facilita la toma de decisiones acerca de la procedencia del tratamiento. El experto apunta que, hasta la fecha, las incidencias o distorsiones producidas son escasas, la mayor parte, derivadas del cambio de sistema informático y han sido susbsanadas rápidamente gracias a la mejora que supone el intercambio de la información en tiempo real. “Son muchas las comunidades autónomas en donde la prescripción y el visado electrónico están completamente implantados en todo el territorio con gran satisfacción para usuarios y profesionales”, avala.
¿Está garantizada la confidencialidad del paciente? Garrido asegura que dentro del marco normativo de la Ley Orgánica 15/1999, los diferentes sistemas de registro informatizado de historia clínica han implementado accesos personalizados que garantizan la trazabilidad de los mismos y que otorgan capacidad de consulta o modificación de la información relativa a cada paciente, en función de la categoría profesional del usuario y del tipo de actividad que se desea reflejar dentro de la historia clínica, garantizándose con ello la necesaria confidencialidad.
Ahorro
En esta línea, Garrido también incide en que una inspección sanitaria moderna no debe olvidar otros aspectos como garantizar los derechos de los ciudadanos a una asistencia sanitaria de calidad, “y su enorme potencial de asesoramiento por la experiencia y conocimientos adquiridos por sus profesionales no debe desaprovecharse”, asegura el experto.
Así, la auditoría, más que una competencia, es una de las formas de trabajo de la inspección para garantizar una asistencia de calidad. El propio Sistema Nacional de Salud (SNS) puede disponer la realización de auditorias internas y complementarlas con las realizadas por determinadas empresas y organismos auditores.
Del mismo modo, el experto asevera que resulta difícil establecer en qué cuantía la actividad de la inspección sanitaria contribuye al “saneamiento económico del sistema”, pero si consideramos los distintos campos de trabajo, uno de los cuales es el de la prestación farmacéutica, podríamos estar hablando de ahorros sustanciales para el SNS, tanto por no gastar en cosas innecesarias, como por ahorros en prestaciones al introducir criterios de racionalización a la hora de suministrar las mismas.
“No sería exagerado decir que de la actuación de la inspección de servicios sanitarios se deriven ahorros de entre el 10 y el 20 por ciento de las prestaciones totales del sistema”, concreta Garrido.
Profesión
Sin embargo, a pesar del papel que juegan estos profesionales en el SNS, consideran que no son lo suficientemente reconocidos por las administraciones. “Lamentablemente la sensibilidad de la administración hacia esta demanda de profesionalización ha sido hasta el momento escasa, y salvo en algunas comunidades como Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana, resulta lamentable comprobar que los profesionales de la inspección son prácticamente los únicos profesionales a los que se sigue sin reconocer el carácter sanitario de su profesión. Esto implica una limitación en el desarrollo de la carrera profesional. De hecho, Garrido considera paradójico que profesionales médicos, enfermeros y farmacéuticos que dedican su plena y total dedicación al sistema sanitario “no se les reconozca como personal sanitario”.
Esta falta de equidad pasa al terreno retributivo. Sigue existiendo y “a un nivel muy acusado” diferencias salariales de cerca de 12.000 euros. Asimismo, también existen inequidades en terreno profesional en materia de competencias y funciones. La federación siempre ha intentado homogeneizar los aspectos profesionales y retributivos de los miembros de la inspección pero los resultados, en un estado con la mayoría de las competencias descentralizadas como el nuestro, no es el deseado.
Garantizar los derechos y seguridad de los pacientes es uno de los cometidos fundamentales y la razón de ser de la inspección de servicios sanitarios. De este modo, cuando las evaluaciones, apoyadas en criterios de buenas prácticas detectan, posibles deficiencias e identifican áreas de mejora en el sistema, contribuyen a que los gestores tomen decisiones acertadas. Esta es la labor de los inspectores sanitarios y así lo explica Luis Garrido, presidente de la Federación de Asociaciones de Inspección de Servicios Sanitarios (Faiss).
La evaluación sanitaria es pionera y se enmarca cada vez más en la revisión de políticas públicas. Además de ser una necesidad para garantizar servicios eficientes y equitativos, “es un instrumento que colabora a la necesaria transparencia en la gestión de los recursos en unos momentos en los que la ciudadanía la demanda cada vez más”, explica Garrido, al tiempo que matiza que el carácter privado o público de la prestación de servicios no debe comprometer la calidad de los mismos. “Si nos referimos a la asistencia sanitaria a la que todos tenemos derecho, es precisamente la inspección de servicios sanitarios la que garantiza que se preste en igualdad de condiciones sea cual sea el carácter de la provisión de recursos”, indica Garrido.
Por otra parte, la preocupación por la seguridad del paciente es un aspecto prioritario en la política de calidad de los sistemas sanitarios. En el proceso farmacoterapéutico, desde la prescripción hasta la administración de los medicamentos pueden producirse fallos que ocasionan efectos no deseados y, en este aspecto, los sistemas de prescripción electrónica asistida aparecen como una herramienta atractiva para garantizar la seguridad.
Historia clínica
El experto explica que los inspectores sanitarios, conscientes de los problemas que pueden surgir en cualquier innovación, siempre han trabajado, junto a las autoridades sanitarias, en la elaboración de protocolos ágiles que garanticen el acceso a las prestaciones basado en criterios clínicos y en la evidencia, pero que nunca deberían limitar la toma de decisiones por parte de los profesionales que es en suma lo que se está cuestionando. Como asegura Garrido, la puesta en marcha de la receta electrónica ha supuesto una mejora importante en la calidad asistencial. “Con su aplicación, se agilizan enormemente todos los pasos del proceso de prescripción-dispensación y se evitan posibles errores”, explica. A su vez, para estos profesionales el visado electrónico aporta la posibilidad añadida de consulta inmediata en tiempo real de la historia clínica del paciente, lo que facilita la toma de decisiones acerca de la procedencia del tratamiento. El experto apunta que, hasta la fecha, las incidencias o distorsiones producidas son escasas, la mayor parte, derivadas del cambio de sistema informático y han sido subsanadas rápidamente gracias a la mejora que supone el intercambio de la información en tiempo real. “Son muchas las comunidades autónomas en donde la prescripción y el visado electrónico están completamente implantados en todo el territorio con gran satisfacción para usuarios y profesionales”, avala.
¿Está garantizada la confidencialidad del paciente? Garrido asegura que dentro del marco normativo de la Ley Orgánica 15/1999, los diferentes sistemas de registro informatizado de historia clínica han implementado accesos personalizados que garantizan la trazabilidad de los mismos y que otorgan capacidad de consulta o modificación de la información relativa a cada paciente, en función de la categoría profesional del usuario y del tipo de actividad que se desea reflejar dentro de la historia clínica, garantizándose con ello la necesaria confidencialidad.
Ahorro
En esta línea, Garrido también incide en que una inspección sanitaria moderna no debe olvidar otros aspectos como garantizar los derechos de los ciudadanos a una asistencia sanitaria de calidad, “y su enorme potencial de asesoramiento por la experiencia y conocimientos adquiridos por sus profesionales no debe desaprovecharse”, asegura el experto.
Así, la auditoría, más que una competencia, es una de las formas de trabajo de la inspección para garantizar una asistencia de calidad. El propio Sistema Nacional de Salud (SNS) puede disponer la realización de auditorias internas y complementarlas con las realizadas por determinadas empresas y organismos auditores.
Del mismo modo, el experto asevera que resulta difícil establecer en qué cuantía la actividad de la inspección sanitaria contribuye al “saneamiento económico del sistema”, pero si consideramos los distintos campos de trabajo, uno de los cuales es el de la prestación farmacéutica, podríamos estar hablando de ahorros sustanciales para el SNS, tanto por no gastar en cosas innecesarias, como por ahorros en prestaciones al introducir criterios de racionalización a la hora de suministrar las mismas.
“No sería exagerado decir que de la actuación de la inspección de servicios sanitarios se deriven ahorros de entre el 10 y el 20 por ciento de las prestaciones totales del sistema”, concreta Garrido.
Profesión
Sin embargo, a pesar del papel que juegan estos profesionales en el SNS, consideran que no son lo suficientemente reconocidos por las administraciones. “Lamentablemente la sensibilidad de la administración hacia esta demanda de profesionalización ha sido hasta el momento escasa, y salvo en algunas comunidades como Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana, resulta lamentable comprobar que los profesionales de la inspección son prácticamente los únicos profesionales a los que se sigue sin reconocer el carácter sanitario de su profesión. Esto implica una limitación en el desarrollo de la carrera profesional. De hecho, Garrido considera paradójico que profesionales médicos, enfermeros y farmacéuticos que dedican su plena y total dedicación al sistema sanitario “no se les reconozca como personal sanitario”.
Esta falta de equidad pasa al terreno retributivo. Sigue existiendo y “a un nivel muy acusado” diferencias salariales de cerca de 12.000 euros. Asimismo, también existen inequidades en terreno profesional en materia de competencias y funciones. La federación siempre ha intentado homogeneizar los aspectos profesionales y retributivos de los miembros de la inspección pero los resultados, en un estado con la mayoría de las competencias descentralizadas como el nuestro, no es el deseado .