El periodista alicantino Sergi Castillo recoge en su último libro ‘La batalla per la sanitat valenciana‘ los entresijos del modelo de colaboración público-privado que abanderó en su día el modelo Alzira. El autor analiza con GACETA MÉDICA algunas de las conclusiones principales de su investigación.
Pregunta. Durante diez años ha investigado la corrupción en la Comunidad Valenciana, ¿cómo ha salpicado al ámbito sanitario?
Respuesta. Me sorprendió que todas las tramas de corrupción tenían siempre alguna relación con este departamento: Gürtel, Taula, Over Marketing, Taroncher… Cinco de los ocho consellers de Sanidad del PP están imputados o ya condenados.
Y es que la consellería de Sanidad baraja un presupuesto anual de 6.000 o 7.000 millones de euros, un tercio del presupuesto anual de la Generalitat, y es un área muy sensible. Nadie va a oponerse a gastar más en hospitales, servicios o investigación. Por este motivo era un ámbito cómodo de trabajo para los corruptos.
“No es un choque entre dos modelos ideológicos. Es una lucha por un negocio que mueve 1.000 millones de euros al año.”
P. Recientemente ha presentado un libro sobre este tema, ¿qué es lo que ha estado en juego en la batalla por la sanidad en esta comunidad autónoma?
R. Con el cambio de gobierno, en 2015, me sorprendió la virulencia de los ataques hacia las decisiones de esta consellería por parte de determinados sectores y medios, y más después de lo vivido en materia de corrupción durante la etapa del PP. Al fin y al cabo, se cumplía un mandato de las urnas y un cambio de rumbo para rescatar servicios privatizados y finalizar con algunos privilegios.
Ante estos ataques pensé que era necesario realizar un análisis en profundidad para ver qué estaba pasando, y ese ha sido el objeto del proyecto que presenté a la II Beca de Periodismo de Investigación ‘Josep Torrent’ organizada por la Unió de Periodistes Valencians, que ha dado como fruto este libro.
Cuando ves lo ocurrido y hablas con los protagonistas te das cuenta de que no estamos ante un choque entre dos modelos ideológicos o diferentes de gestión. Esto es una lucha por un negocio que mueve 1.000 millones de euros al año, y quienes se han beneficiado de él, han tratado por todos los medios de impedir cualquier cambio.
P. ¿El modelo de colaboración público-privado desarrollado en la región ha aportado algún beneficio a la sanidad pública valenciana? ¿Y perjuicios? ¿En qué medida?
R. Tan solo puede justificarse si se buscan beneficios a corto plazo. En lugar de invertir en la construcción de hospitales el PP decidió pagar a una empresa para que lo hiciera. En lugar de comprar equipos para realizar resonancias magnéticas contrató a una empresa para que las desarrollara.
En lugar de ampliar los recursos para que bajaran las listas de espera decidió mandar a clínicas privadas a los pacientes para que fueran operados allí. Son solo algunos ejemplos. A largo plazo, en la mayoría de los casos, ha salido más caro.
Lo llamativo ha sido la falta de controles y la estrecha vinculación con el PP de las empresas beneficiadas. Y es que el concepto puerta giratoria se queda corto en algunos casos para explicar lo sucedido. El portavoz de Sanidad en las Cortes Valencianas durante unos años, Luis Concepción, era dueño de la empresa que hacía las resonancias magnéticas. El inspector del Hospital de Alzira pasó a ser directivo de la empresa que supuestamente inspeccionaba. El director del IVO, Manuel Llombart, fue nombrado conseller de Sanidad… Estas relaciones son preocupantes y explican la falta de controles y las irregularidades cometidas en algunos casos.
P. Uno de los argumentos a favor es que supone un ahorro al sistema sanitario, ¿ha comprobado que sea así?
R. Es cierto. Así lo ratificó la Sindicatura de Cuentas en los hospitales del modelo Alzira. Otros informes, como el del SIMAP, atribuye el ahorro a las condiciones en las que trabaja el personal sanitario. En el libro están las diferentes versiones, lo cual ofrece una versión plural de lo ocurrido. En este sentido estoy muy agradecido a Alberto de Rosa, gerente de Ribera Salud, o Manuel Llombart, director del IVO, por ofrecer su versión. También a la exministra Carmen Montón y los portavoces del Gobierno de Ximo Puig.
“En el libro hay testimonios de periodistas, alcaldes y sindicalistas que explican las dificultades para denunciar irregularidades.”
P. ¿Qué papel ha jugado el Grupo Ribera Salud en todo este asunto?
R. Este grupo se ha convertido en una firma de primer nivel y sin competencia en su ámbito. El gerente, Alberto de Rosa, perteneciente a una familia pata negra del PP, ha conseguido un enorme poder.
Es curioso ver el origen de la firma. Para construir el modelo Alzira y poner en marcha el modelo, Adeslas no encontraba socio. De Rosa me contó lo difícil que fue porque nadie se fiaba.
Al final, el PP echó mano de las cajas de ahorro valencianas -Bancaja, Cam y Caixa Carlet- para crear Ribera Salud, y durante una época fue una especie de empresa fantasma, sin trabajadores. Este recurso, el de utilizar las cajas de ahorro, lo utilizó el PP valenciano para otros negocios como el parque Terra Mítica, La Ciudad de la Luz o la Fórmula 1. Eran herramientas para sus fines.
“Este grupo empresarial se lo jugaba todo y ha invertido muchísimo dinero en los medios para tratar de influir.”
P. En alguna ocasión ha comentado que se controlaba la información sobre este tema, ¿qué es lo que ha observado?
R. En el libro hay testimonios de periodistas, alcaldes y sindicalistas que explican las dificultades que han tenido para denunciar irregularidades. Este grupo empresarial se lo jugaba todo y ha invertido muchísimo dinero en los medios para tratar de influir.
También lo han hecho a través de asociaciones afines, revistas, personalidades que se han sumado a su causa… Ha habido unas redes clientelares y de información que han funcionado a la perfección. No ha sido algo exclusivo del ámbito sanitario, lo hemos visto en otros ámbitos durante la etapa de mayorías absolutas del PP.
P. Desde Gaceta Médica se ha hecho seguimiento de las liquidaciones pendientes entre algunas empresas adjudicatarias, como las gestionadas por Ribera Salud, y la consellería de Sanidad valenciana, ¿ha analizado este tema durante su investigación?
R. Hay unanimidad entre todos los implicados en las dificultades para calcular las liquidaciones, y en parte eso es por la mala redacción de los contratos. Cuando gobernaba el PP, puede que por la confianza entre ellos, todo fuera más fácil, pero si se intentan hacer las cosas bien parece una tarea titánica.
Mi sensación es que aquí hay mucho dinero en juego y por eso en lugar de facilitar las cosas se enredan y se deja pasar el tiempo a ver si vienen años mejores. No obstante, mi trabajo abarca hasta noviembre de 2018 y desconozco la situación en la actualidad.
En el libro desvelamos una cifra que parece que estuviera guardada bajo siete llaves. Las cinco concesiones del modelo Alzira han recibido 7.500 millones de euros de 2003 a 2018.
P. Nuestro periódico ha intentado, sin éxito, acceder a algunos documentos sobre este tema a través de la consellería de Transparencia de la comunidad. ¿Ha encontrado facilidades para realizar su trabajo con esta institución?
R. En mi caso sí he encontrado colaboración. La beca era por un periodo de tres meses, por lo que he tenido que acotar el trabajo y ceñirme al material disponible en ese momento.
Opinión
No debemos generalizar las dudas a todas las colaboraciones público-privadas
Por Santiago de Quiroga, Editor de GM
El libro de Sergi Castillo es interesante y pone sobre la mesa los intereses cruzados que han podido existir en Valencia. Pero no puede arrojar una sombra de duda sobre todas las colaboraciones público-privadas que existen. Cómo nació el grupo Ribera Salud no constituye ninguna ilegalidad, como no lo fue cómo nació el grupo Prisa, por ejemplo.
El poder tiende a beneficiar a los que defienden sus posturas. En algunos casos se trata de corrupción, como en ciertos Gobiernos nacionales y autonómicos. La imputación o condena de cinco de los ocho consellers de Sanitat es un episodio más de la España de los Gobiernos de mayoría absoluta que se perpetúan. En ellos la corrupción asoma: CiU en Cataluña, PSOE en Andalucía y el PP en la C. Valenciana.
Pero no puede arrojar, de nuevo, la sombra de la duda de todos los consejeros de Sanidad, valencianos o no, por el hecho de que vengan del sector privado o impulsen la colaboración público-privada. Ni Boi Ruiz en Cataluña, ni Manuel Llombart en la c. valenciana pueden ser sospechosos de nada, y es injusto dejar en el aire la sombra de la duda.
El autor afirma que no se trata de un choque ideológico, sino de un negocio de 1000 millones de euros. Pero la incapacidad de entender y liquidar los contratos no tiene ideología. No cerrar las cuentas con Ribera Salud, y que devuelva a los valencianos los más de 130 millones de € largos que debe liquidar, es un asunto que no ha sido resuelto por Gobiernos del PP ni del PSOE en Coalición con UP.
Y no se trata de volver a cuestionar los motivos, sino de ser consecuente con la transparencia de la que se presume. ¿Por qué la Consellera de Transparencia, Rosa Pérez, le niega información a GM sobre las liquidaciones de Ribera Salud? Siendo afiliada a EU-Unidas Podemos no parece que sea porque quiera hacer un favor al supuesto entorno del PP.
Coincido con el autor en algunas reflexiones, y una de ellas es la virulencia de los ataques de medios de comunicación valencianos que, a la orden de una consigna, cargan sus tintas contra ex altos cargos de la Consellería. Demasiado evidente la conexión: tan pronto aparece un directivo de Ribera Salud entrevistado a página completa como se cuestiona, en el mismo medio, la honorabilidad de una ex consellera.
Los ataques y su virulencia de medios vinculados
con grupos empresariales contra ex altos
cargos valencianos resulta repugnante
Resulta repugnante, obvio en su interés vengativo y no es más que carnaza para una pequeña parte de sus lectores. Pero este juego es un boomerang peligroso que volverá sobre la cabeza de sus instigadores, una y otra vez. La paradoja es que el libro de Sergi Castillo ha sido facilitado por una beca de 3 meses de una asociación de periodistas valencianos.
Las irregularidades se deben denunciar. Y no me parece razonable que “periodistas, alcaldes y sindicalistas cuenten que hay dificultades” para denunciar irregularidades. Lo tienen fácil: acudir a los medios de comunicación, que estarán encantados de contarlo y preservar la fuente.
La red clientelar funciona cuando algunas personas callan. Sí, Alberto de Rosa ha conseguido un gran poder, pero no debe mezclarse la torpeza de una estrategia de comunicación empresarial con la supuesta irregularidad de su actividad. Incluso si el estilo repugna, como es el caso de los aludidos; hay que ser prudente en las conclusiones. Con todo, se ha tirado de la manta, un poco más.
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