Las voces en contra de las sociedades científicas y las asociaciones de pacientes sobre los puntos más conflictivos del dictamen de la Comisión para la Reconstrucción en materia de Sanidad, que ponen freno a la financiación de la industria en materia de formación continuada o actividades de los pacientes, no han surtido efecto.
A falta de poder disponer del documento final, los resultados de las votaciones en el pleno de las enmiendas presentadas por el Partido Popular, que pretendían preservar el papel de la iniciativa privada y abogaban por regular este tipo de colaboraciones desde la transparencia, en lugar de prohibir, consolidan la amenaza a la fuente principal de financiación de ambas entidades en el dictamen.
Financiación de los pacientes
La enmienda número 168 aspiró, sin éxito, a modificar el polémico punto 47.2. Frente a la prohibición explícita de financiación, directa o indirecta, a las actividades de formación continuada o de las asociaciones de pacientes, el texto popular proponía, como mejora técnica, una redacción alternativa:
“Legislar sobre financiación pública de formación continuada de los profesionales sanitarios a cargo de las administraciones públicas, y para la investigación, divulgación/educación sanitaria y patrocinio de actividades de asociaciones de pacientes. Asimismo, se establecerán los supuestos y los requisitos para la colaboración, directa o indirecta, de entidades privadas en esta clase de actividades, con especial atención al régimen de transparencia”.
La enmienda fue rechazada con 184 votos en contra, 102 votos a favor y 12 abstenciones.
Sociedades científicas y formación continuada
De igual modo, el otro punto candente, el 8.2, mantendrá su redacción inicial, que remarca que la formación continuada “es una garantía inexcusable de la calidad y la seguridad asistenciales, por lo que la formación continuada debe fomentarse, tutelarse y financiarse por las administraciones sanitarias”.
Se rechazó en el pleno el añadido propuesto en la enmienda presentada por el Grupo Popular, que planteaba que en este propósito ha de contarse, no solo con la participación de las universidades y los colegios profesionales, sino también de las sociedades científicas. Y proponía también regular “los requisitos y las garantías de transparencia para la colaboración de entidades privadas en el ámbito de la formación continuada”.
Esta aspiración también queda fuera del dictamen final del pacto sanitario, tras el rechazo a la enmienda con 188 votos en contra, 108 a favor y dos abstenciones.
Sociedades científicas y asociaciones de pacientes como la AGP, que en los últimos días han pedido incluso una reunión con el ministro de Sanidad, Salvador Illa, para mostrarle su inquietud sobre este tema, preparan ya su respuesta ante una medida contemplada en un dictamen que, aunque no es vinculante, marcará la hoja de ruta del Gobierno en lo que queda de legislatura.