Lo que se han recogido son propuestas”. Con esta frase ha querido tranquilizar la portavoz de Sanidad del PP en el Congreso, Elvira Velasco, al sector sanitario y farmacéutico, en declaraciones a GM, tras la aprobación del dictamen sanitario de la Comisión para la Reconstrucción.

Al PP le consta que el texto es “muy mejorable” a nivel particular y ha anunciado una ofensiva parlamentaria que comenzará de manera inmediata, con la presentación de una iniciativa en relación a los pacientes y otra, muy próxima, sobre la formación médica continuada financiada por la industria.

Cuatro palabras resumen, según Velasco, el sentir del grupo popular tras unas semanas de infarto, que culminaron en unas horas agónicas de intensa negociación. “Satisfechos, que no contentos”. Satisfechos, porque el dictamen sanitario finalmente recogió aspectos globales (como la puerta abierta a una Agencia Nacional de Salud Pública) que permitieron el apoyo del PP. No contentos, porque se mantienen aspectos particulares que pueden poner en riesgo, según ella, “la riqueza” del sistema sanitario español.

Ofensiva parlamentaria del PP

La riqueza del SNS es la sinergia que hay entre lo público, lo privado y la industria. Esa es la fortaleza de nuestro SNS”, ha asegurado Velasco. Por eso, ahora la primera pregunta que lanza el grupo popular es al Gobierno. Teniendo en cuenta que el dictamen sólo habla de “establecer un calendario de reformas legislativas”, ¿cómo va el Ejecutivo a trasladar al ámbito legislativo o normativo todas estas propuestas?

El grupo popular está pendiente de este paso, pues es la primera pata de su ofensiva parlamentaria para modificar las propuestas del dictamen. Pero, mientras tanto, ha decidido no cruzarse de brazos. Así, ha anunciado una segunda vía: la presentación de iniciativas parlamentarias propias relativas a aspectos clave del dictamen.

La primera se presentará con fecha 23 de julio, es decir, apenas unas horas después de la aprobación del dictamen sanitario. Y tiene a los pacientes como protagonistas. “Las asociaciones de pacientes tienen un papel que hay que reconocer. Por eso hemos pedido que se incorporen en el Consejo Consultivo del CISNS mediante reforma de la Ley de Cohesión”, ha recordado la portavoz de Sanidad del PP en el Congreso.

Además de la participación, es necesario, para el PP, promover la transparencia. Pero Velasco advierte: “Ya hay sistema de rendición de cuentas para pacientes y para la industria”.

La FMC y la AIReF

En la misma línea se mueve la que será la segunda gran iniciativa que impulsará el PP en torno al dictamen sanitario y que quiere registrar antes de irse de vacaciones: la formación médica continuada. La portavoz de Sanidad del PP ha sido clara al respecto del contenido del dictamen: “Quien lo ha puesto ahí no sabe lo que está haciendo”.

También aquí Velasco ha resaltado la “riqueza que genera” la colaboración con la industria farmacéutica “tanto para los recursos humanos como para las asociaciones de pacientes” en todo el sistema. “Si no fuera por ello, muchas de las actividades que llevan a cabo no se podrían hacer”, ha ratificado.

El futuro de la formación médica continuada será la primera batalla en una de las áreas que se vaticinan más ‘movidas’ después del verano: la de Farmacia. En este capítulo, el PP había presentado 32 enmiendas. “Prácticamente no estábamos de acuerdo con ninguno de los temas”, ha expuesto en su conversación con EG. De todos ellos, dos fueron los más mencionados por el PP: la eliminación del copago farmacéutico y el informe de AIReF, un documento que, ha insistido Velasco, “no pinta nada” en el dictamen sanitario.

Al margen de esas dos primeras iniciativas, el PP tiene pensado presentar otra batería de cambios con motivo de la tramitación del Proyecto de Ley de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. El plazo de enmiendas finaliza el 9 de septiembre.

Algunas de las enmiendas rechazadas del PP

Eliminar del dictamen sanitario toda mención al informe de la AIReF es uno de los objetivos no logrados (hasta ahora) por el PP. Pero no era ni mucho menos el único. El PP, por ejemplo, no ha conseguido excluir del texto la referencia a que la evaluación periódica en la política de intervención de precios incluya “información detallada sobre compromisos confidenciales con las empresas farmacéuticas”.

De la misma forma, tampoco lograron que se eliminara la parte referida a “garantizar la independencia de la Aemps, con financiación desde el Presupuesto y no a partir de los pagos de la industria”, ni la parte que alude a los posibles “conflictos de interés y las llamadas puertas giratorias” y la propuesta de revisar revisar todos los medicamentos autorizados hasta el momento, “manteniendo la autorización a los realmente eficaces y más seguros”.

A cambio de todo ello, los populares solicitaron establecer “una Agencia de Evaluación de Medicamentos y Tecnologías, independiente y profesional con capacidad decisoria, similar a la NICE británica”. Esta propuesta no prosperó, como tampoco la que proponía para aumentar la proporción de genéricos y biosimilares, no “a precios justos” (como señala el dictamen), sino “en función de criterios de competencia en precios y respetando el derecho de los pacientes a la información y a un tratamiento adecuado a su patología”.  

Por último, también se rechazó la solicitud de acompañar con financiación a cada incorporación de prestaciones a la cartera común de servicios.